Así soy, ¿y qué…?

Desde hace 34 años, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se ha venido transformando en un poder dentro del poder. Controla el 95% del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; se chupa 99% del presupuesto de ese elefante blanco; cada día crece en membresía (ahora son 76 mil profesores “quesque” democráticos).

Es el único gremio que trabaja (si es que se le puede decir trabajo a un horario de 8:00 a 12:30, de lunes a jueves, ah, porque los viernes hacen sus reuniones gremiales) menos de 150 días al año y recibe 90 días de aguinaldo; es el único gremio que cuando no trabaja cobra puntualmente sus quincenas.

Es el único gremio que puede violar la ley y al cual no puede aplicársele sanción alguna. No hay gobierno ni federal ni estatal ni municipal que se le imponga (salvo algunas excepciones, como en el caso de la Villa de Mitla).

La semana pasada vimos que mediante el uso de la fuerza, alrededor de 2 mil maestros del Cártel de la 22, digo, de la Sección 22, apoyados por miembros de FUL-APPO, jóvenes anarquistas y del Frente Revolucionario Popular, recuperaron las instalaciones del jardín de niños “Donají”, de la primaria “Hermanos Flores Magón” y del módulo de la secundaria técnica de la colonia Los Ángeles del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas que estaban bajo la operación de la Sección 59.

Padres de familia y habitantes de la localidad les hicieron frente y lucharon a pedradas y con cohetones por lo menos durante 20 minutos. La gresca se extendió por calles aledañas con el resultado de dieciocho personas heridas, quince por parte de los colonos (uno, herido de bala), dos del bando de maestros y un policía estatal, el cual fue retenido por los profesores.

Los democráticos “maistros” secuestraron unidades del transporte urbano y hasta de una institución privada, y comenzaron a dispersarse por las calles, presionando así a los padres de familia, hasta que ingresaron a las escuelas por las malas.

Pero eso no fue todo, días antes, los maestrines de la 22 irrumpieron en la sede de la Sección 59 del SNTE, donde causaron destrozos a oficinas, quemaron unos 3 mil expedientes y sustrajeron equipos de cómputo, fotocopiado y filmación, así como cheques y un millón de pesos.

La pregunta es: ¿La ley permite que este tipo de tropelías ocurran sin castigo alguno? No soy abogado (ni Dios lo mande) pero mi sentido común me dice que no debe haber impunidad. Nadie se atreve a tocar a esos señores. Pueden sitiar a toda una ciudad y no pasa nada, ¿por qué tanto miedo?, ¿por qué tanta complacencia del Gobierno del Estado de Oaxaca hacia este gremio?

En ellos aplica la ley sólo a su conveniencia, sólo cuando cobran y para mantener sus privilegios; pero cuando es para responder por sus daños y perjuicios, ahí la ley no se aplica, así soy, ¿y qué?  Podrá haber mil denuncias ante la PGJE o ante la misma PGR, pero ahí se quedarán, tan silentes como los mismos encargados de procurar “justicia”.

Fraccionamientos en el olvido

A propósito de la Feria de la Vivienda que se celebrará del 2 al 6 de diciembre y en la que participarán constructores, contratistas y demás promotores de espacios habitables, cabría una reflexión:

La propagación de fraccionamientos, sobre todo de interés social, se está convirtiendo en un jugoso negocio para autoridades municipales, quienes a discreción exprimen a los constructores con tal de permitirles la construcción de casas-habitación.

Los voraces constructores no son una perita en dulce, construyen como si hornearan bolillos; es decir, se avientan la construcción de hasta mil 500 casas en un dos por tres y los resultados son alarmantes:

Falta de agua potable, vicios estructurales ocultos, espacios de hasta 35 metros cuadrados, “quesque” porque en Oaxaca la tenencia de la tierra es un lío; falta de vigilancia, falta de alumbrado público, inseguridad pública, falta de servicios como la recolección de basura (que por cierto da pauta para el monopolio de la basura por parte de algunos vivales que cobran hasta 10 pesos por bolsa) y que los colonos se hagan bolas solos.

También, quienes cometen la osadía de contraer un crédito hipotecario para acceder a una vivienda de interés social, se enfrentan al rechazo de los pueblos donde se asientan los fraccionamientos. Se les cataloga como arribistas y no se les permite participar en la organización interna del pueblo a donde llegan. No pueden votar, no pueden opinar, no tienen derecho al panteón municipal ni a los servicios que ofrece el municipio como deber constitucional. Ah, eso sí, están obligados a pagar predial.

Oaxaca carece de una Ley de Condóminos actualizada y funcional que les dé certeza jurídica y administrativa a los habitantes de esos espacios habitacionales. No hay autoridad que ponga orden al respecto. Infonavit y Fovissste sólo dan permisos y no vigilan que verdaderamente los fraccionamientos sean el espacio idóneo para el desarrollo de las familias. Estos institutos pagan a los constructores por casas que sólo dolores de cabeza les provoca a los usuarios. ¿Quién se atreverá a poner orden? Mientras haya jugosas comisiones para los presidentes municipales, lo dudo. Nos leemos la próxima Aquí Mismo.

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