México, D.F.- El senador del PRD Benjamín
Robles Montoya solicitó a las Cámaras de Diputados estatales para que a la
brevedad sometan a consideración de las diputadas y los diputados las minutas
de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción
enviadas por el Congreso de la Unión.
En el punto de acuerdo,
firmado también por el senador de Chiapas Zoé Robledo Aburto, el legislador
oaxaqueño refirió que tras la aprobación de la reforma constitucional en
materia político-electoral el pasado 13 de diciembre de 2013, el Poder
Legislativo Federal impuso el deber de buscar el equilibrio armónico de los
poderes reales con las necesidades sociales.
La “Reforma
Política-Electoral” estamos consciente de ello, implica la refundación de las
relaciones entre gobierno y sociedad, por lo que Robles Montoya asentó:
“Con la reforma
político-electoral la sociedad civil ha cambiado la ‘praxis’ de hacer política
y nos obligó a inscribir en la Carta Magna que toda decisión de sus
representantes populares obtenga la mayor legitimidad posible. Así, la participación
ciudadana será, en las políticas públicas y en la construcción de proyectos
fundamentales, corresponsable del desarrollo de la sociedad”.
Y enfatizo: “Por lo tanto, un
diseño constitucional que fomente la corresponsabilidad de los distintos poderes
y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas, con
independencia de su extracción política, es inaplazable si queremos consolidar
una democracia de resultados”.
Y es que consideró que es
incuestionable que en los tiempos que hoy vivimos, la responsabilidad de un
ejercicio eficaz y eficiente de las funciones del gobierno, no dependen de uno
solo de los Poderes de la Unión. La cooperación institucional y la coordinación
entre las distintas esferas que tienen a su cargo alguna encomienda pública se
vuelve indispensable.
Explicó que con la aprobación
de la reforma político-electoral por parte del Congreso de la Unión se crean
figuras legales de beneficio político-social como gobierno de coalición y
ratificación de los miembros del gabinete; Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social; autonomía del Ministerio Público y la Fiscalía
General de la República; y la aprobación del Congreso de la Unión de la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Además de la reelección de
legisladores al Congreso de la Unión y dotar de la atribución a las
legislaturas de los Estados para adoptar dicha medida en su caso; elección
consecutiva de ayuntamientos hasta por un periodo más si así lo determinará la
legislatura local correspondiente; nueva fecha para la transición de poderes
del Ejecutivo Federal; la creación del órgano autónomo en materia electoral
denominado Instituto Nacional de Elecciones; aumento en el umbral para el
registro de los partidos políticos y un sistema de nulidad de elección; entre
otros.
Asimismo, mencionó que en
diciembre fue aprobado por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en
materia de anticorrupción, misma que sienta las bases para la creación de un
sistema nacional de combate a la corrupción que permita coordinar esfuerzos de
todos los órdenes de gobierno y construir de manera conjunta y homogénea las
políticas públicas en la materia; la investigación y sanciones de los actos de
corrupción serán una realidad lejos de los obstáculos de secretos bancario,
fiduciario y fiscal.
Destacó que en la designación
de los titulares de los órganos anticorrupción no participarán los Poderes
Ejecutivos federal y de las entidades respectivamente, ni mediante el mecanismo
de propuesta, ni mediante el mecanismo de objeción.
“Por todo lo anterior, y considerando que en el régimen transitorio de cada minuta de reforma constitucional se contemplaron términos y plazos perentorios para ajustar el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, consideró que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe exhortar respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las Legislaturas de los Congresos Estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión.
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